jueves, octubre 12, 2006

Desinformación

"...El derecho a la información será garantizado por el Estado."
Artículo 6o. constitucional.


Los flancos de los ciudadanos que sistemáticamente son vulnerados son múltiples y además nadie se toma la molestia por remediar este hecho, tenemos a ciudadanos en total indefensión y quizá ignorando derechos básicos garantizados por la constitución. Uno de ellos es el derecho a la información.

Existen varias expresiones plurales que reflejan las diferentes posiciones ideológicas y políticas en el escenario nacional: algunas revistas y programas de radio o televisión. Sin embargo tales medios son marginales si los comparamos con el duopolio que de facto ostentan las cadenas de televisión Azteca y Televisa.

La televisión abierta es el medio principal donde los ciudadanos se proveen de información, los noticieros transmitidos por estos canales plantean una hegemonía de contenido que viene transformándose en una "verdad" nacional. Esta falsa realidad está construida sobre intereses de clases políticas y económicas dominantes, la realidad se constituye en función de la agenda ideológica de los dueños -formales o no- de los medios.

Reclamar criterios éticos en televisión resulta ingenuo, pero es una demanda que se debe atender garantizando la imparcialidad y la pluralidad representada por todas las voces surgidas de la sociedad. Los espacios televisivos están copados por personas o grupos con poder económico, quien puede desembolsar el costo del minuto al aire.

La doble ganancia que obtienen las dos grandes cadenas de televisión abierta están conformadas en primera instancia por los recursos que los partidos políticos y el gobierno gasta en promoción de voto, plataformas políticas, logros de programas, etcétera. Millones de pesos propiedad de la nación, sea de la recaudación de impuestos o de recursos obtenidos de la industria petrolera terminan en manos de las televisoras; y en segundo término del uso del espectro televisivo que es propiedad de la nación, si bien consecionado o licitado por el Estado, pero que a final de cuentas el país no recibe beneficios de ningún tipo, ya sea en términos de una renta por el uso del espectro o al menos garantizando la equidad y la pluralidad en los contenidos.

La televisión es un arma propagandística genial: distorsiona la realidad basándose en el enfoque de matices, hace del espectador un rehén y finalmente proporciona la falsa sensación de que existen opciones para cambiar de canal o para apagar el aparato.

Desde hace tiempo el programa Televisa Deportes fue sacado del noticiero donde era una sección del mismo, de esta manera se obligó a la mayor parte del auditorio masculino -y familia que lo acompaña- a consumir el contenido del noticiero. Ahora en días recientes los miércoles fue insertado el programa de opinión política "Tercer grado", todavía antes del noticiero deportivo.

Consiente o inconscientemente el televidente queda atrapado entre los contenidos que le son administrados mientras se llega la hora para consumir el programa de su preferencia. Encomiable podría ser -arriesgada aseveración- el hecho de aprovechar la atención del televidente para informarlo de la realidad del panorama político, pero Tercer grado es una producción donde aprovechando una dinámica que simula el debate se entronizan posiciones y opiniones muy definidas que generalmente son acordes a la visión gubernamental. Tercer grado es la pinza que reafirma el mensaje emitido desde el Estado y demás poderes fácticos como la Iglesia y la iniciativa privada.

El derecho a la información es vulnerado cuando los contenidos son sesgados como lo hace Televisa (ejemplo que utilizo porque tiene mayores raitings que Azteca): Los noticiero son editorializados, se informa pero desde un enfoque particular; Tercer grado no cuenta con voces que defiendan las diferentes posiciones que integran el mosaico nacional.

Este es sólo un caso de los innumerables que suceden a diario y que ocurren con la complicidad, o cuando menos con la complacencia del Estado. La violación sistemática de una garantía constitucional refleja que México está muy lejos de ser un país moderno, democrático; México sigue siendo el paraíso de la impunidad y la injusticia.


Artículo publicado en el diario Cambio, en su edición del 11 de octubre.