Desinformación

"...El derecho a la información será garantizado por el Estado."
Artículo 6o. constitucional.


Los flancos de los ciudadanos que sistemáticamente son vulnerados son múltiples y además nadie se toma la molestia por remediar este hecho, tenemos a ciudadanos en total indefensión y quizá ignorando derechos básicos garantizados por la constitución. Uno de ellos es el derecho a la información.

Existen varias expresiones plurales que reflejan las diferentes posiciones ideológicas y políticas en el escenario nacional: algunas revistas y programas de radio o televisión. Sin embargo tales medios son marginales si los comparamos con el duopolio que de facto ostentan las cadenas de televisión Azteca y Televisa.

La televisión abierta es el medio principal donde los ciudadanos se proveen de información, los noticieros transmitidos por estos canales plantean una hegemonía de contenido que viene transformándose en una "verdad" nacional. Esta falsa realidad está construida sobre intereses de clases políticas y económicas dominantes, la realidad se constituye en función de la agenda ideológica de los dueños -formales o no- de los medios.

Reclamar criterios éticos en televisión resulta ingenuo, pero es una demanda que se debe atender garantizando la imparcialidad y la pluralidad representada por todas las voces surgidas de la sociedad. Los espacios televisivos están copados por personas o grupos con poder económico, quien puede desembolsar el costo del minuto al aire.

La doble ganancia que obtienen las dos grandes cadenas de televisión abierta están conformadas en primera instancia por los recursos que los partidos políticos y el gobierno gasta en promoción de voto, plataformas políticas, logros de programas, etcétera. Millones de pesos propiedad de la nación, sea de la recaudación de impuestos o de recursos obtenidos de la industria petrolera terminan en manos de las televisoras; y en segundo término del uso del espectro televisivo que es propiedad de la nación, si bien consecionado o licitado por el Estado, pero que a final de cuentas el país no recibe beneficios de ningún tipo, ya sea en términos de una renta por el uso del espectro o al menos garantizando la equidad y la pluralidad en los contenidos.

La televisión es un arma propagandística genial: distorsiona la realidad basándose en el enfoque de matices, hace del espectador un rehén y finalmente proporciona la falsa sensación de que existen opciones para cambiar de canal o para apagar el aparato.

Desde hace tiempo el programa Televisa Deportes fue sacado del noticiero donde era una sección del mismo, de esta manera se obligó a la mayor parte del auditorio masculino -y familia que lo acompaña- a consumir el contenido del noticiero. Ahora en días recientes los miércoles fue insertado el programa de opinión política "Tercer grado", todavía antes del noticiero deportivo.

Consiente o inconscientemente el televidente queda atrapado entre los contenidos que le son administrados mientras se llega la hora para consumir el programa de su preferencia. Encomiable podría ser -arriesgada aseveración- el hecho de aprovechar la atención del televidente para informarlo de la realidad del panorama político, pero Tercer grado es una producción donde aprovechando una dinámica que simula el debate se entronizan posiciones y opiniones muy definidas que generalmente son acordes a la visión gubernamental. Tercer grado es la pinza que reafirma el mensaje emitido desde el Estado y demás poderes fácticos como la Iglesia y la iniciativa privada.

El derecho a la información es vulnerado cuando los contenidos son sesgados como lo hace Televisa (ejemplo que utilizo porque tiene mayores raitings que Azteca): Los noticiero son editorializados, se informa pero desde un enfoque particular; Tercer grado no cuenta con voces que defiendan las diferentes posiciones que integran el mosaico nacional.

Este es sólo un caso de los innumerables que suceden a diario y que ocurren con la complicidad, o cuando menos con la complacencia del Estado. La violación sistemática de una garantía constitucional refleja que México está muy lejos de ser un país moderno, democrático; México sigue siendo el paraíso de la impunidad y la injusticia.


Artículo publicado en el diario Cambio, en su edición del 11 de octubre.

Detentar el poder

La honestidad es la mejor política
Kant


En los recientes meses hemos presenciando hechos que nos pueden llevar a una conclusión: la esencia de la política está en detentar el poder.

El eje discursivo de la política se encuentra enfocado en el bien común, en lograr la mejor manera de que los habitantes de un Estado o región puedan acceder a los servicios, en otorgar a los ciudadanos los instrumentos para asegurarse una vida de calidad. Pero en la realidad mexicana el discurso se encuentra diametralmente opuesto al ejercicio de los políticos y las instituciones.

Cuando la idea del bien común y los intereses de la clase política no apuntan en el mismo sentido, surgen o se crean -como se quiera ver- conflictos que son calificados como sociales, la explicación más sencilla se encuentra en la inconformidad de la ciudadanía ante las deficiencias en la administración pública, en cualquiera de los niveles de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) o en su jurisdicción geográfica (ámbito federal, estatal, municipal).

Regreso nuevamente a los conflictos activos en el país: el EZLN surge después de largos años de miseria en Chiapas, de experimentar el abandono del gobierno, también como respuesta a los constantes conflictos religiosos en los que los partidos se beneficiaban en el reparto de tierras y regiones, situación ante la cual el gobierno hizo oídos sordos dejando las disputas en manos de los más fuertes.

El aparato del Estado atropelló la voluntad popular de la pasada elección al robar la presidencia a López Obrador, con gastos desorbitantes y campañas de miedo, apropiándose del IFE y sus sistemas de computo, corrompiendo la estructura ciudadana que organizó la elección, una fiscalía inepta que no existió para atender las denuncias, y por último un tribunal perverso que ante las múltiples evidencias de irregularidades prefirió el camino de la complicidad con el gobierno y el PAN al validar el resultado. Felipe Calderón será el próximo presidente, pero resalta el gran movimiento de resistencia que se opone a las practicas corruptas del Estado, que busca las opciones para enderezar y recuperar la legalidad y legitimidad que debe haber en todo sistema político.

El conflicto oaxaqueño tiene las mismas características, y como en los casos anteriores las variables que manejan las autoridades y operadores políticos para "solucionar" el conflicto no tienen a la población como primer sujeto de interés, por el contrario las acciones se piensan y se toman en función de los cotos de poder. Veamos lo que nos comparte Raymundo Riva Palacio en su columna en El Universal del 27 de septiembre: Ruiz está exigiendo públicamente al presidente Fox que mande a los federales. Está echado para adelante a través del espacio en los medios, el único donde aún puede hacer oír su voz, y se siente protegido por los chantajes políticos que el PRI ha venido realizando en los últimos días para seguir inyectando formol a su cadáver político. La semana pasada, por ejemplo, durante la reunión que sostuvieron el presidente del partido, Mariano Palacios Alcocer, y los líderes de sus fracciones legislativas, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, con el presidente electo Felipe Calderón, lo amenazaron que si no defendía la cabeza de Ruiz, se sumarían al PRD y no se presentarían al Congreso el 1 de diciembre, con lo cual no habría quórum en el Congreso de la Unión y no procedería la definición legal como Presidente de la República. En los días siguientes, voceros de Felipe Calderón le pidieron a Fox que solucionara las cosas en Oaxaca. En un segundo acto de la misma obra, 11 de los 17 gobernadores priístas le exigieron a Fox que no dé una solución política a Oaxaca, lo que quiere decir que no le corte la cabeza.

El interés de los habitantes queda abandonado a su suerte, los cálculos se siguen haciendo en función de cuál partido tiene el poder y cuáles son sus intereses. En México hay una estrecha relación entre gobernar y ejercer practicas de corrupción, nepotismo, influyentismo y otros vicios, teniendo por resultado lo que podemos calificar como usufructo del poder.

La necesidad primera que debe atenderse para garantizar un gobierno eficiente es la honestidad. Es urgente poner un alto a la clase política que asume un cargo público como si fuera una franquicia para hacer negocios, dejando a la deriva los temas importantes de seguridad y bienestar de la población.

Si bien es un avance que existan mecanismos que buscan la transparencia de la función pública como el IFAI -que sigue siendo muy limitado-, se debe de crear una fiscalía que persiga los delitos que son detectados, para que no queden solamente en escándalos en los medios o recomendaciones que nunca se atienden.


Artículo publicado en el diario Cambio, en su edición del 3 de octubre. También aparece en el sitio defecito.com el siguiente día.